Zinea eta giza eskubideen iv. Topaketak.

ÁFRICA: EXPLOTACIÓN Y DEUDA EXTERNA

África ha sido definida muchas veces como el continente olvidado. Es el lugar más pobre del planeta, el que más conflictos armados padece, el más castigado por las pandemias y las hambrunas, el que tiene más bajos índices de escolarización y asistencia sanitaria, el lugar, en fin, en que la esperanza de vida es menor y se dan más violaciones de los derechos humanos.

A esta dramática situación actual del continente africano no es ajena su historia, marcada por la explotación despiadada de las potencias extranjeras, que construyeron gracias a los recursos humanos y naturales africanos una parte muy importante de sus imperios coloniales (y por tanto, conviene recordarlo, de su bienestar actual). La emancipación de este colonialismo devastador para África fue durante mucho tiempo la principal aspiración de sus pueblos. Una vez alcanzada la libertad, los países africanos tuvieron que enfrentarse a las terribles consecuencias de esta explotación colonial en el orden político, económico y social, una injusticia heredada que, tras diferentes variaciones a lo largo del tiempo, sufren todavía hoy.

Las antiguas metrópolis continuaron y continúan ejerciendo una influencia decisiva en muchos países en vías de desarrollo, con vistas a seguir favoreciendo sus intereses económicos y geopolíticos. Es más, la tutela poscolonial de la maltrecha economía africana ha estado y está en manos de los países ricos, que son quienes, en una economía cada vez más globalizada, establecen la agenda macroeconómica para el continente africano. En los últimos cuarenta años estas directrices económicas han estado gestionadas en gran medida por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional. Las recetas de estos dos organismos, junto al Banco Africano de Desarrollo, han estado encaminadas casi siempre a las grandes reformas estructurales de la economía africana, con el fin de controlar la inflación y convertir al continente en un foco de exportación de materias primas con cuyos beneficios debería capitalizarse y acometer una industrialización paulatina.

Sin embargo, es inevitable admitir que estas políticas económicas han sido un rotundo fracaso, a la luz de la deplorable situación en que se halla África (pero también grandes regiones de América Latina y Asia), donde las condiciones de vida de la mayoría de la población han empeorado en relación a la situación de hace unas décadas. Baste un dato, entre muchos: en el África subsahariana el consumo medio por habitante es hoy menor que en 1970.

Pocas medidas resumen mejor las contradicciones de las políticas hasta ahora aplicadas para el desarrollo económico del continente africano como la deuda externa. En realidad la deuda externa tiene su origen en la dependencia económica que los países recien liberados seguían teniendo con sus antiguas metrópolis, a las que continuaron adquiriendo bienes manufacturados con los siempre menores ingresos de sus exportaciones agrícolas y mineras. Para hacer frente a este desajuste se vieron obligados a aceptar préstamos del capital extranjero, con el que también buscaban acometer la construcción de infraestructuras y una primera fase de industrialización (ambas tareas encomendadas, naturalmente, a empresas de las antiguas metrópolis), que resultaron, a la par que fallidas, mucho más costosas de lo previsto, lo que a su vez trajo consigo un mayor endeudamiento.

La deuda de muchos países en vías de desarrollo se disparó en los años sesenta y setenta del siglo XX, en el contexto del alza de los precios del petróleo, el encarecimiento de las importaciones y la caída drástica de los precios de las exportaciones de materias primas. Desde ese momento los países endeudados se han visto obligados a solicitar nuevos créditos para poder ir devolviendo la deuda ya contraída y los altísimos intereses de esta. Se calcula que los países del África subsahariana han hecho pagos por valor de 2,5 veces la deuda original, pero siguen sin liberarse de ese terrible lastre.

Al problema de la deuda hay que sumar, además, el de las ayudas que otorgan los países ricos a sus productores agrícolas y ganaderos, que hacen que los precios caigan aún más en el mercado internacional, con la consiguiente pérdida de ingresos para los países africanos que dependen en gran medida de esas exportaciones.

El resultado de todo ello es que los países en vías de desarrollo dejan de destinar una gran parte de su presupuesto anual a las necesidades básicas de su población, ya que deben emplearla en el pago de la deuda. Más de la mitad de los países africanos gastan más en este pago que en asistencia sanitaria para sus ciudadanos (en algunos casos hasta cuatro veces más). Las consecuencias de este desvío de fondos son atroces. Por ejemplo, según datos de UNICEF cerca de 500.000 niños y niñas mueren cada año por la falta de recursos sanitarios por esta causa.

Las paulatinas y parciales condonaciones de la deuda (se aplican sólo a aquellos países que reciben el visto bueno del FMI) no son más que la reacción inevitable de los países ricos ante la evidencia de que resulta imposible para los países deudores hacerse cargo de aquella. La condonación es, por tanto, el reconocimiento tácito del colapso de un modelo perverso de ayuda al desarrollo que debe ser sustituido por medidas más eficaces y verdaderamente justas para que tantos países no queden anclados en la pobreza de un modo irremediable.