Zinea eta giza eskubideen iv. Topaketak.

DERECHO A UNA MUERTE DIGNA

Aunque la idea de elegir el momento de la muerte, cuando esta es ya previsible, y de afrontarla sin dolor físico ha estado presente desde la Antigüedad, los avances médicos de las últimas décadas han convertido esta cuestión en un tema de debate público, sobre todo en las sociedades de los países ricos, donde se dispone de más recursos para prolongar la vida, incluso durante su declive irreversible.

Se entiende por eutanasia (que literalmente significa “bien morir”) la acción médica encaminada a terminar con la vida de quien padece una enfermedad terminal o irreversible. Se distingue, en este sentido, del suicidio asistido, que consiste en proporcionarle a la persona enferma los elementos necesarios para que ella misma termine con su vida.

La eutanasia es una cuestión polémica en la que se combinan la salud pública, la salud privada, los principios morales (religiosos o no) y el marco legal. A grandes rasgos, podrían resumirse los términos de la cuestión, a día de hoy, señalando que la eutanasia sólo es legal en Bélgica, Holanda y el estado de Oregón, en los Estados Unidos, mientras que la opinión pública de muchos países va inclinándose paulatinamente por su aceptación y legalización. Es, además, un secreto a voces que la práctica encubierta de la eutanasia se abre paso en la vida hospitalaria, al menos en lo que concierne a algunos enfermos terminales, que, según declara un gran número de profesionales de la medicina, solicitan en muchos casos acelerar su muerte.

Desde que la religión perdió su hegemonía en lo moral, cuestiones como la eutanasia se abordan en la opinión pública desde diversas posturas. El argumento central a favor de la eutanasia es, sin duda, el de la autonomía personal, el de tener la capacidad de decidir los términos de algo tan íntimo como el fin de la propia vida. Por su parte, quienes se muestran contrarios a la eutanasia esgrimen, entre otras razones, la protección de aquellas personas más vulnerables o con menor capacidad de decisión.

Sin embargo, medidas como el testamento vital, en el que la persona enferma consigna claramente cuál es su voluntad en el caso de verse en una situación terminal o en la que padece un sufrimiento que le resulta intolerable, pueden ser un modo de sortear las imperfecciones de un sistema que practicara la eutanasia sin el consentimiento del paciente. Asimismo, el peligro de una aplicación equivocada de la eutanasia, en lo que respecta a la voluntad de la persona, desaparece cuando esta la solicita de forma libre, explícita y reiterada. En estos casos, en opinión de algunos, subsistirían objeciones éticas y legales, tales como el valor absoluto de la vida humana o la ausencia en el ordenamiento jurídico de un “derecho a morir”.

En el ámbito de la Unión Europea, por citar un área en que la opinión pública está cada vez más a favor de la legalización de la eutanasia, sigue vigente la Recomendación 1.418 de 1999 del Parlamento Europeo, que es claramente restrictiva. La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la UE se opuso en fechas recientes a una revisión de esta recomendación, tal y como proponía la Comisión de Asuntos Sociales, Sanitarios y Familiares.

Este debate político, junto a varias sentencias de diversos tribunales, más que fortalecer definitivamente una u otra postura refleja que se trata de una cuestión de especial relevancia, relacionada con los profundos cambios que en todos los órdenes está experimentando la sociedad contemporánea.