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Derecho de asilo

En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. (Artículo 14, Declaración Universal de Derechos Humanos)

El Derecho de Asilo es un derecho humano recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en la Convención de Ginebra de 1951. Esta recoge el texto fundamental del régimen internacional de protección de las personas refugiadas, adoptado en el marco de Naciones Unidas para paliar las consecuencias de las dos guerras mundiales. Sus dos aportaciones más importantes son: la definición de persona refugiada y el principio de no-devolución.

Según la Convención es refugiada aquella persona que tiene fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social y opiniones políticas, se encuentra fuera de su país de nacionalidad y no puede o –a causa de dichos temores– no quiere acogerse a la protección de tal país.

El principio de no-devolución es la prohibición impuesta a los Estados por el Derecho Internacional de la expulsión o devolución de una persona al territorio de cualquier país en el que su vida o su libertad se encuentren amenazadas, o pudiera sufrir tortura, tratos inhumanos o degradantes u otras graves transgresiones de sus derechos humanos fundamentales.

En su empeño por combatir el traspaso de fronteras de las personas, los Gobiernos cada vez ponen más trabas, incluso a la hora de posibilitar el acceso al procedimiento para acceder al derecho de asilo. Como consecuencia, cada vez son menos las personas que logran su objetivo de llegar a un país que es más seguro que el suyo y por tanto ven vulnerados sus derechos humanos.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es el organismo encargado de proteger a las personas refugiadas y desplazadas por persecuciones o conflictos y promover soluciones duraderas a su problemática. Su función de protección internacional exige la cooperación tanto del país interesado como de los demás países de la comunidad internacional. La Agencia, que lleva más de medio siglo en funcionamiento, ha dado apoyo a más de 60 millones de personas.

Según ACNUR, a finales de 2007 existían en el mundo 67 millones de personas refugiadas y desplazadas internas, que son aquellas que permanecen dentro de las fronteras de su país. Los países que acogieron a más personas refugiadas en 2007 fueron Pakistán (2 millones), Siria (1,5 millones), Irán (963.000), Alemania (578.000), Jordania (500.000), Tanzania (435.000), China (300.000), Reino Unido (299.000), Chad (294.000) y Estados Unidos (281.000).

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental fundada en 1979 cuya misión es defender y promover los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, desplazadas, apátridas y migrantes con necesidad de protección internacional y/o en riesgo de exclusión.

Según sus datos, en 2008 un total de 4.516 personas solicitaron asilo en España, frente a las 7.664 solicitudes de 2007. De ellas, sólo 151 personas fueron reconocidas como refugiadas, mientras que al 5,24% (126 personas) se les otorgó la protección complementaria. Esta da cobijo a las peticiones cuya causa de huida no se ve reflejada en la Convención de 1951, pero que el Gobierno considera que su vida correría peligro si volvieran al país de origen. Nigeria es el país con más peticiones de asilo en España (808), seguido de Colombia (752) y Costa de Marfil (500).

Cuando una persona llega a España en busca de asilo, debe presentar su solicitud ante la administración y cumplimentar el formulario pertinente exponiendo de forma detallada los motivos de la persecución sufrida, así como aportar todas las pruebas posibles que demuestren los hechos. El Gobierno español, según denuncia CEAR, les obliga a demostrar su persecución con una prueba plena o casi plena, en contra de lo que establece la Convención de Ginebra. En todos los casos, el o la solicitante tiene derecho a ser informado del procedimiento a seguir y a ser provisto de intérprete, atención letrada y atención médica, si fuera necesario.

En España existen varios Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) establecidos por la Administración Pública. Concebidos como dispositivos de primera acogida, ofrecen servicios y prestaciones sociales básicas a inmigrantes y solicitantes de asilo que llegan a cualquiera de las comunidades autónomas. La estancia en estos centros se considera un punto de partida para personas que llegan a la península sin ningún tipo de recurso y por eso, transcurridos seis meses, deben abandonarlos. En ellos se les orienta y ayuda ofreciendo ayuda psicológica y formativa, de manera que una vez fuera puedan emprender una nueva vida, dentro o fuera del país.

En un intento por regular y amoldarse a un sistema europeo común de asilo, el Consejo de Ministros español aprobó el 5 de diciembre un Proyecto de Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Sin embargo, este supone un retroceso en el compromiso de España con la protección de las personas refugiadas.

Entre otras cosas, el documento, que todavía no ha sido aprobado por el Parlamento, elimina la posibilidad de solicitar asilo por vía diplomática, devalúa el papel de ACNUR y no cumple con el mandato imperativo de la Disposición Adicional 29ª de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres que reconoce el derecho de las mujeres extranjeras que huyan de sus países de origen a solicitar asilo si tienen temor fundado de sufrir persecución por motivos de género.

Este proyecto condiciona la posibilidad de reconocer el asilo por motivos de género en función de las circunstancias imperantes en el país de origen, sin reconocer la persecución por género como causa en sí misma. Por todo ello, las organizaciones humanitarias consideran que España debería ser fiel a sus compromisos con las personas refugiadas y respetar su dignidad y sus derechos.

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