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Feminicidio: crímenes de Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, una ciudad de México fronteriza con Estados Unidos, registra desde hace catorce años más de mil asesinatos de mujeres, aunque los datos varían según las fuentes. Estas cifras reflejan un fenómeno catalogado de feminicidio, un concepto que fue acuñado por primera vez por dos autoras feministas estadounidenses en 1992 (Jill Radford y Diana Russell).

Ambas autoras se refieren al feminicidio como a "la muerte evitable de mujeres", que pretende ir más allá del concepto tradicional de las acciones violentas contra las mujeres. La antropóloga y congresista mexicana Marcela Lagarde recoge también este término, y lo define como el genocidio contra las mujeres.

Es en México donde empieza a tomar cuerpo la definición del feminicidio, sobre todo cuando la Comisión Especial para instruir y perseguir los casos de feminicidios en la República Mexicana estableció que dicho concepto se refería al “conjunto de crímenes de lesa humanidad que incluyen los asesinatos, secuestros y desapariciones de niñas y mujeres en un contexto de colapso institucional”.

Muchas teorías se barajan para explicar esta oleada incesante de crímenes, desde la implicación de los cárteles del narcotráfico de Ciudad Juárez, las redes de prostitución, el tráfico de órganos, hasta la concurrencia de orgías de sexo y muerte en las que participarían hombres pertenecientes a importantes esferas políticas y económicas.

Además habría que añadir otros posibles factores que pueden estar relacionados con esos crímenes y desapariciones. La llegada de miles de inmigrantes a esta ciudad fronteriza con Estados Unidos para trabajar en muchos casos en las fábricas manufactureras (maquilas), donde se emplean un importante número de las mujeres asesinadas, la violencia patriarcal, la desigualdad económica y social, conforman el contexto en el que viven y se mueven la mayoría de las víctimas. Por eso el perfil de las asesinadas responde al de mujeres jóvenes, trabajadoras, a veces incluso niñas, que viven en circunstancias precarias, y que en muchos casos su desaparición no es reclamada por nadie, ya que muchas proceden de otras ciudades mexicanas.

La Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) ha emitido desde 1998 una serie de Recomendaciones para evitar estos asesinatos de mujeres, a los cuales el Estado mexicano habría prestado poca atención, según diversas denuncias. De hecho, una de las pocas medidas que ha creado el Gobierno de México hasta el momento, es una Comisión de Investigación, aunque los familiares de las víctimas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a esta causa, consideran que en la práctica tiene unas facultades muy limitadas.

Un informe que elaboró la Comisión de la ONU para erradicar la Discriminación Contra las Mujeres, corroboraría estas limitaciones. En él se destaca que las investigaciones sobre esos asesinatos están marcados por casos de "obstrucción, retraso en la búsqueda de desaparecidas, falsificación de pruebas, irregularidades en los procedimientos, presiones a las madres de las víctimas, negligencia y complicidad de funcionarios de policía y torturas para obtener confesiones". Por si fuera poco, en numerosas ocasiones las víctimas son menospreciadas, e incluso criminalizadas, y sus familias perseguidas, acusadas de atentar contra la imagen del país al reclamar justicia y hacer visible este problema.

Ante esta situación, los colectivos afectados y sensibilizados con este problema reclaman más implicación por parte del Gobierno Federal de México y de la Comisión de Derechos Humanos, así como la adopción de diversas medidas, como la creación de un cuerpo de investigadores para la búsqueda de jóvenes desaparecidas, la tipificación en el Código Penal de la desaparición forzada, que no se tengan en cuenta las declaraciones obtenidas a los sospechosos bajo tortura y la creación de un banco de ADN de las jóvenes desaparecidas.

Lo cierto es que este fenómeno no sólo no cesa, sino que las cifras de muertes siguen aumentando y la mayoría de los crímenes permanecen aún sin resolver. Ante esta situación, los familiares y ONGS que se ocupan de denunciar estos hechos consideran que el feminicidio de Ciudad Juárez trasciende el ámbito puramente local, ya que se reproduce en otros países, hasta convertirse en una cuestión de lesa humanidad.

En este sentido, diversas instituciones internacionales han manifestado su preocupación por los crímenes generalizados contra las mujeres, como el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, además de diferentes parlamentos y gobiernos de todo el mundo.