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Las hipotecas basura y la crisis
En 2007 la banca estadounidense reconoció que tenía 6 millones de créditos morosos a consecuencia de los impagos de las llamadas hipotecas subprime o basura. Durante la década anterior, el crecimiento económico norteamericano, al igual que el español, se basó en el sector de la construcción. Así, para darle salida a las nuevas viviendas, se concedieron hipotecas muy superiores al nivel adquisitivo de las personas beneficiarias, lo que suponía, como más tarde se confirmó, un alto riesgo de impagos.
Este fenómeno llevó a varios de los más importantes bancos estadounidenses a la quiebra y, debido a las interdependencias económicas a nivel mundial, se extendió rápidamente a Europa y Asia, por lo que es considerado el desencadenante de la crisis financiera y económica global.
Ante esta situación, los gobiernos europeos y americanos utilizaron el dinero público para rescatar a los bancos y mantener el sistema financiero. Sin embargo, para esos millones de personas que fueron desposeídas de sus hogares no se plantearon subsidios ni se activaron las políticas sociales necesarias para ayudarles a afrontar la crisis.
Este abandono por parte del estado, unido a la gran precariedad que están padeciendo, ha obligado a numerosos colectivos sociales a crear redes de solidaridad y a asociarse para luchar, conjuntamente, contra este capitalismo neoliberal que privilegia a unas pocas personas y excluye a la mayoría.
Así, la sociedad civil se está organizando y está articulando procesos para impugnar estas violaciones de los derechos humanos, producto de las prácticas empresariales neoliberales, ante los tribunales de justicia ordinarios. Sin embargo, las grandes corporaciones industriales y financieras, con sus sofisticados equipos jurídicos y sus grandes influencias sobre el poder político y judicial, han impedido que muchos de estos casos sean admitidos a trámite o, en el caso de ser juzgados, han conseguido sentencias a su favor.
Ante la dificultad de obtener justicia ante las cortes ordinarias, ya sean nacionales o internacionales, los movimientos sociales, no solo del norte sino también del sur, están organizando tribunales populares sin vinculación legal, pero con gran legitimidad moral. Se trata de simulaciones de juicios en los que se aplica la normativa vigente, en los que hay una acusación y una defensa y en los que un tribunal, compuesto de magistrados/as, tiene que emitir veredicto.
Estos juicios son herederos del llamado Tribunal Russell, o Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra. Un organismo establecido por el filósofo y activista británico Bertrand Russell y secundado por el conocido dramaturgo francés Jean-Paul Sartre, que se encargó de investigar y evaluar la política exterior estadounidense y su intervención militar en Vietnam en 1954.
Posteriormente, se han establecido nuevos “tribunales Russell” para juzgar, entre otros casos, lo sucedido en el golpe militar de Chile de 1973, en la guerra de Irak (2004) o en el conflicto palestino-israelí en 2009. Pero quizás el tribunal ético que más repercusión esté teniendo actualmente sea el Tribunal Permanente de los Pueblos, que juzga, principalmente, las violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas multinacionales europeas en América Latina.
Este tribunal, que ya ha celebrado sesiones en Viena, Lima y Madrid, trata de demostrar que los impactos de las transnacionales no son casos aislados o accidentales, sino que son consecuencia de los modelos de desarrollo, de producción y consumo establecidos por las reglas de juego del capitalismo global. Asimismo, pretenden denunciar la impunidad y la permisividad con la que operan las grandes corporaciones, y la connivencia de los gobiernos cuyos territorios están expoliando.
No se busca un resarcimiento económico, sino la recuperación de la dignidad y el reconocimiento moral de la injusticia sufrida. El tribunal sirve, asimismo, como herramienta de sensibilización y toma de conciencia y trata de visibilizar situaciones de violencia y vulneración de los derechos humanos que los gobiernos y los medios han querido mantener ocultas.
Pero se trata de un instrumento que no solamente ofrece legitimidad y fuerza, sino que supone una excelente herramienta jurídica, ya que se recopilan pruebas, se buscan personas que puedan testificar y se documentan todos los casos; por tanto es susceptible de ser utilizado ante cualquier tribunal ordinario.
En definitiva, ya sea una agrupación vecinal afectada por las hipotecas basura en Ohio, un colectivo indígena que sufre las consecuencias de las extracciones fósiles en Ecuador, o un grupo sindical europeo empobrecido por las reformas laborales… lo importante es que la sociedad civil organizada está tratando de superar los obstáculos para acceder a la justicia ordinaria y busca alternativas ciudadanas y no violentas para contrarrestar esta injusticia global.