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Memoria histórica y reconciliación nacional


“La experiencia indica que es la amnesia la que hace que la historia se repita y que se repita como pesadilla. La buena memoria permite aprender del pasado, porque el único sentido que tiene la recuperación del pasado es que sirva para la transformación de la vida presente”. (Eduardo Galeano, 1996)

El 11 de septiembre de 1973, el presidente chileno, democráticamente elegido, Salvador Allende, fue derrocado, en golpe militar, por el general Augusto Pinochet. En los días y años posteriores al suceso, miles de personas fueron detenidas, algunas torturadas y otras “desaparecidas”. No hay claridad respecto a las cifras, pero en febrero de 1976 el Ministerio del Interior chileno reconoció que tenían 42.486 personas detenidas por estado de sitio.

En investigaciones posteriores se ha estimado que, de esas más de 40.000 personas, unas 2.000 fueron, posteriormente, desaparecidas. Son las que se conocen como “detenidas-desaparecidas”, personas arrebatadas de sus hogares, muchas veces torturadas y, finalmente, arrojadas al mar desde aviones, abandonadas en el desierto o, simplemente, enterradas en fosas comunes. Desgraciadamente, se trata de un concepto que en el Chile de hoy todavía está muy presente, ya que la mayor parte de estos crímenes de Estado no han sido enjuiciados, los hechos no han sido esclarecidos y los cuerpos siguen sin aparecer.

La Vicaría de la Solidaridad, ONG chilena dedicada a investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen militar, consiguió documentar 668 casos de desapariciones forzadas, estimándose que el resto no pudo ser registrado por temor, por haberse producido en zonas rurales, por disolución de grupos familiares, etc.

Pero, a pesar de los impedimentos legales y sociales, las familias de muchas víctimas siguen luchando por encontrar los cuerpos y esclarecer los hechos ocurridos. Porque para poder superar el trauma y poder vivir en paz y sin rencores, el trabajo personal, muchas veces, resulta insuficiente y el reconocimiento social del sufrimiento y la reparación del daño causado se vuelven necesarios.

Las mujeres buscadoras no remueven la arena del desierto simplemente para encontrar un cuerpo momificado o unos cuantos huesos; para ellas el esclarecimiento de la verdad supondría sacar su dolor del ámbito privado y conseguir el reconocimiento social que les ayudaría a realizar el duelo y a no transmitir rencor y resentimiento a las generaciones venideras.

A nivel colectivo, reconocer el sufrimiento de las víctimas y señalar la responsabilidad de los victimarios es imprescindible para la reconstrucción del tejido social. Es necesario que las personas damnificadas por la violencia del Estado puedan reclamar justicia y responsabilidades para, de esta manera, conseguir hacer su duelo y avanzar hacia una verdadera reconciliación nacional. Al igual que las heridas no se curan al taparlas y necesitan aire para sanar, se ha demostrado que el olvido no sirve como fórmula de reconstrucción social; por tanto, conocer los errores de la historia es fundamental para no repetirlos. Pero, si bien el reconocimiento de la verdad es un paso importante hacia la sanación social, el enjuiciamiento de los hechos y la reparación del daño debería ser el siguiente. Sin embargo, esto es, muchas veces, impedido por las estructuras estatales.

En la transición hacia la democracia, después de gobiernos militares o hechos violentos, ha sido muy habitual que las autoridades hayan querido pasar página de la historia, silenciándola o creando una versión oficial de la misma, en la que las responsabilidades se reparten, de similar manera, entre los agentes implicados en el conflicto. Pero, contrariamente a lo que se pueda pensar, recuperar la memoria histórica no significa vivir mirando al pasado, no significa reabrir la herida, sino todo lo contrario; conocer y esclarecer los hechos acontecidos en regímenes anteriores es la mejor manera de cerrar las heridas y conseguir a la reconciliación nacional.

En el caso concreto de la transición chilena, el general Augusto Pinochet, para evitar su enjuiciamiento, antes de abandonar el poder en 1990, consiguió su reconocimiento constitucional como senador vitalicio, lo que le otorgaba inmunidad procesal total en Chile. Pero las familias de las víctimas, en su empeño por vencer la impunidad y conseguir la reparación del daño sufrido, iniciaron causas judiciales en Europa y consiguieron que Pinochet fuera detenido, en Londres en 1998, acusado de genocidio.

Tras más de un año de detención, el Ministerio del Interior británico resolvió que Pinochet no estaba capacitado para ser juzgado y autorizó su regreso a Chile por motivos de salud. Semanas después de su regreso, un tribunal chileno le retiró la inmunidad, lo que dio lugar a la presentación de más de 300 demandas contra él y su consiguiente arresto domiciliario.

Debido a la lentitud de estos procesos y a su avanzada edad, Pinochet murió en diciembre de 2006 antes de ser juzgado. Sin embargo, su simple detención y acusación, por torturas y genocidio, supuso un importante avance hacia la reconciliación nacional para la sociedad chilena en su conjunto. Y para las víctimas y sus familias sirvió de aliento para seguir luchando por esclarecer lo ocurrido. De hecho, a día de hoy siguen abiertos procesos contra otros presuntos responsables de violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar chileno.

Fuentes:

http://www.vicariadelasolidaridad.cl/index1.html
http://nostalgiadelaluz.patricioguzman.com
http://www.foroporlamemoria.info/documentos/fracturadas_violencia.htm
http://www.revistafuturos.info/futuros15/reconciliacion.htm
http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/represion/cifras.html
http://www.es.amnesty.org/campanas/justicia-internacional/el-caso-pinochet/