Ley de asilo y control migratorio

La huída a través de la militarización de las fronteras

Para acercarse, aunque sea a grandes rasgos, a lo que ocurre hoy con las personas refugiadas e inmigrantes que intentan llegar al Estado español es necesario partir del contexto internacional, que se caracteriza, entre otros aspectos, por el reconocimiento formal de gran parte de los derechos humanos en muchos Estados pero también por la imposibilidad de ejercerlos para la mayor parte de la humanidad.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 14, establece: “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a solicitar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”.

La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 define como refugiada a aquella persona que tiene fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera de su país de nacionalidad y no puede o –a causa de dichos temores– no quiere acogerse a la protección de tal país.

El primer paso para poder disfrutar de la protección que ofrece la institución del asilo es conseguir llegar a un país seguro. Sin embargo, las personas refugiadas no llegan a Europa. ¿Por qué?

El continuo y creciente endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por el Estado español, en el marco de la Unión Europea, tiene graves consecuencias en el ejercicio y disfrute de los derechos humanos y supone un incumplimiento de los convenios y tratados internacionales suscritos.

En el mundo hay 43,7 millones de personas merecedoras de protección internacional (1). En su obsesión por las políticas de seguridad y de lucha contra la inmigración irregular, Europa ha externalizado sus fronteras a través de un amplio dispositivo militar y policial que dificulta la llegada de personas necesitadas de protección internacional.

En 2010 solo 2.378 personas solicitaron asilo en España, la cifra más baja en 21 años. A la mayoría les fue denegado.

Según Fortress Europe 14.714 personas han perdido su vida a lo largo de las costas europeas desde 1988. Además, 6.344 cuerpos están todavía desaparecidos en el mar. Pero se cree que son muchos más, a través de los testimonios de testigos presenciales.

Estas políticas han convertido a Europa en una fortaleza inaccesible e indiferente a las violaciones de los derechos humanos. El despliegue de la agencia Frontex (2), los acuerdos con países de tránsito, los centros de detención en terceros países sustentan el circuito de represión de la “Europa Fortaleza”.

A su vez, la nueva legislación de asilo (3) consolida la función de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) como fronteras dentro de nuestras propias fronteras.

Estos son establecimientos del Estado cuyo fin es recluir bajo custodia a personas de otros países que carecen de documentación para permanecer en España o personas residentes regulares a los que se incoa expediente de expulsión.

La nueva Ley de Extranjería (4) permite retener a las personas detenidas hasta un máximo de 60 días. Durante este tiempo se intenta averiguar el país de procedencia de las personas internas. Si procede de un país con el que España tenga un acuerdo bilateral suscrito, se procederá a su expulsión. Si, pasados los 60 días, no se conoce su nacionalidad o no se tiene acuerdo bilateral con ningún país que la readmita, la persona es puesta en libertad con una orden de expulsión.

De los resultados del informe técnico “Situación de los Centros de Internamiento en España” elaborado por CEAR en el marco del proyecto DEVAS extraemos las siguientes conclusiones:

  • Una de cada cuatro personas detenida tendría uno o más motivos para solicitar asilo. Esta cifra es veinte veces superior al número de personas que lo hacen, lo que constituye un dato muy preocupante que muestra la desprotección de potenciales candidatos y candidatas.
  • El Defensor del Pueblo (5) ha visitado cada uno de ellos y ha mostrado su preocupación por la prioridad de las medidas de seguridad en detrimento de las condiciones de vida y del mantenimiento de los derechos, la custodia directa por parte del Cuerpo Nacional de Policía y la ausencia de mecanismos efectivos de control de la actuación policial.
  • Se constataron evidencias de malos tratos y torturas en los CIE de Madrid y Valencia.

Desde entonces muchas son las voces que han clamado y siguen clamando indignadas por la situación de las personas detenidas en los 9 CIE (6) que existen en el Estado.

Toda esta batería de medidas implementadas para la “Lucha contra la Inmigración Ilegal”, como denomina el Ministerio del Interior sus informes anuales sobre control del flujo migratorio, tiene muchas y muy graves consecuencias. Una de ellas: las personas refugiadas no llegan.

Sin embargo, las personas que huyen no desaparecen, permanecen atrapadas en lugares en los que su vida o su seguridad se ven amenazadas. España tiene la responsabilidad de implementar una política de asilo que cumpla los compromisos de Tampere y recuperar el espíritu de la Convención de Ginebra de 1951 que marcó la política de asilo en los inicios de la Democracia.

CEAR-Euskadi (Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi)

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Notas

  1. Según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) del año 2010.
  2. Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la UE.
  3. Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria.
  4. Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Artículo 62).
  5. El Defensor del Pueblo. Registro de salida 07/07/10 – 10044814. Nº de expediente: 10010410. En respuesta a un escrito de CEAR.
  6. CIE en el Estado español: Madrid, Barcelona, Valencia, Algeciras, Tarifa, Málaga, Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife.
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