Patentes farmacéuticas: monopolio sobre la vida o la muerte

Muchos países africanos, con Sudáfrica a la cabeza, comienzan a hacer frente a las presiones de las industrias farmacéuticas estadounidenses modificando las leyes de propiedad intelectual y de patentes, con el objetivo de garantizar el acceso a los medicamentos a todas las personas que los necesitan. Por ejemplo, limitar el registro de nuevas patentes que no suponen novedad sirve para poner coto al monopolio de las farmacéuticas. Y es que para eludir la caducidad de las licencias de explotación se registran formulaciones ligeramente modificadas. Se trata así de evitar que medicamentos genéricos, de características idénticas pero más económicos, entren en el mercado.

La industria farmacéutica siempre ha argumentado que los altos precios de mercado son debidos a los altos costos de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. Sin embargo, basta una ojeada rápida para ver que el balance es totalmente favorable a estas empresas, sin dar opción a una justa distribución de los beneficios de estas investigaciones. Es un hecho contrastado que la mayor parte de la inversión realizada para desarrollar nuevos medicamentos, el 84% nada menos, procede de fondos públicos, mientras solo un 12% corresponde a inversiones propias de las industrias farmacéuticas. Además, la altísima inversión de estas industrias en marketing y similares hacen aún más insignificantes las cifras destinadas a investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, que únicamente representan el 1.3% de los beneficios totales. Se estima que esta industria tiene ganancias anuales de miles de millones de dólares. Mientras, millones de personas mueren por no poder acceder a las medicinas "de marca" que tienen el monopolio de su tratamiento.

En Brasil el sida ha representado desde los años 90 un grave problema de salud y por ello las autoridades brasileñas elaboraron un plan, decididas a tomar medidas de emergencia. En su lucha, uno de los puntos clave era ofrecer el acceso gratuito a los antiretrovirales, cuyo costo extremadamente alto era imposible de asumir para cualquier país empobrecido. El Gobierno de Lula en Brasil, ante el desconocimiento de las patentes de invención, elabora un análisis en esta materia y en 2007 toma una sorprendente decisión: elabora un decreto ley para otorgar únicamente la concesión de licencias obligatorias para la comercialización de medicamentos antiretrovirales utilizados en tratamientos del sida y VIH. Estas licencias restringen la exclusividad de explotación de estos medicamentos, es decir, obliga a ceder sus derechos de explotación a terceros que deseen concurrir, siempre que sea con fines de uso público no comercial, por un periodo limitado a 5 años. Estas licencias forman parte de una estrategia que permiten a los gobiernos intervenir en los mercados de fármacos cuando existen razones de salud pública, fruto de la declaración de Doha, como veremos.

Los argumentos que justifican que distintos países estén optando por modificar las leyes de propiedad intelectual son básicamente dos. Uno de los argumentos consiste en cumplir con la Justicia Distributiva de los medicamentos. Según el artículo 10 del informe Directrices éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), antes de iniciarse una investigación científica sus patrocinadores deben valorar y asegurarse de que la investigación responda a las necesidades de una población y que los resultados estarán al alcance de la misma. Otra argumentación consiste en la aplicación de la Resolución ADPIC de la Organización Mundial del Comercio, que desde 2001 permite que los países puedan defender el derecho a la salud de sus habitantes, independientemente de los acuerdos comerciales –Declaración de Doha–. Esta resolución prevé la producción nacional de genéricos o la importación de medicamentos de quienes los producen a precios más baratos.

Países como Brasil e India han conseguido por esta vía un equilibrio entre la promoción de la salud pública y el acceso a los medicamentos, modulando los derechos de propiedad intelectual sin que por ello se ponga en riesgo a las industrias farmacéuticas, pues se garantiza en cualquier caso que estas puedan recuperar sus inversiones en desarrollos verdaderamente innovadores y universales.

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