El Estado español es líder mundial en número de donantes de órganos, con 32 donantes renales por millón de habitantes, según el Registro Mundial de Trasplantes. Sin embargo esta cifra resulta insignificante comparada al número de personas que esperan un trasplante en el país.
En la mayoría de los países la demanda supera la oferta. Hay más de 1,6 millones de personas en el mundo sometiéndose a diálisis, pero solo se realizan 67.000 trasplantes de riñón al año, según el informe de 2009 Organ Trafficking de la ONU.
En un sistema que perpetúa y acrecienta la desigualdad entre personas, más en un contexto de crisis económica mundial, florecen mercados negros donde el acceso a un trasplante y a unas mejores condiciones de salud –derecho universal de todas las personas– depende de la capacidad económica de quien lo espera, siempre a costa de múltiples abusos hacia los colectivos más desfavorecidos. Las personas vulnerables que pueden verse afectadas por el tráfico de órganos responden en general a este perfil: pobres, migrantes, clase trabajadora desplazada, especialmente personas sin hogar y personas analfabetas de países empobrecidos. En muchas ocasiones se les obliga o se les engaña, incluso a veces se les roban los órganos que sustentan este "negocio".