Según un estudio realizado por la Fundación Eguia-Careaga para la Diputación de Gipuzkoa, se estima que más de 35.000 hogares (70.430 personas) sufren pobreza energética en el territorio. A nivel europeo, se calcula que son 125 millones las personas que padecen esta situación.
La pobreza energética, un concepto prácticamente desconocido hasta hace pocos años, hace referencia a varios factores: la incapacidad de mantener el hogar a una temperatura de confort mínima de 18 grados en los meses fríos, no poder abonar las facturas energéticas (iluminación, agua caliente, refrigeración, cocina, electrodomésticos, etc.) o invertir más de un 10% de los ingresos del hogar en su pago.
Mientras el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales reconoce el acceso a la energía como un derecho que los estados deben garantizar, las empresas proveedoras consideran la energía como un producto más, susceptible de ser sometido a las leyes del mercado y de encarecer el precio en función de la demanda.
Durante estos años de crisis los ingresos de los hogares más humildes se han reducido, pero las tarifas energéticas no han parado de aumentar. Muchas personas han tenido que restringir el consumo de energía e incluso se han quedado sin acceso a luz y agua porque les han cortado el suministro. Lo que, como se refleja en este documental, les obliga a acudir a baños públicos o polideportivos para llevar a cabo algo tan básico e íntimo como la higiene personal, sin la cual su situación de vulnerabilidad y exclusión se agudiza.