Se calcula que el nazismo acabó con la vida de seis millones de personas, lo cual requirió una gran infraestructura y organización; el holocausto fue una tarea industrializada que tuvo la implicación de la administración alemana y de empresas y personas prestadoras de servicios.
En los años 50, una vez acabado el Tercer Reich y tras los procesos de Núremberg que, organizados por los Aliados, juzgaron a altos cargos del nazismo, Alemania vivía un periodo de bonanza económica y aparente paz social. La mayoría de las personas que en el periodo anterior sirvieron al nazismo continuaron ocupando sus cargos impunemente, ya que se consideraba que las atrocidades cometidas se hicieron obedeciendo las leyes imperantes en la época de Hitler y que, por tanto, no eran constitutivas de delito en la nueva democracia.
No fue hasta 1963 cuando el fiscal Fritz Bauer –en contra del entramado del Estado de la RFA– consiguió poner en marcha los juicios de Frankfurt, en los que se juzgó a una veintena de cargos medios y bajos de las SS. Este proceso es considerado clave para acabar con la cultura del negacionismo del holocausto y para que la sociedad alemana asumiera su pasado.