Frontera de Ceuta: espacio libre de derechos humanos

A medida que la Unión Europea fue liberando su mercado interior para que mercancías y capitales circulasen libremente por todo el territorio, fue fortaleciendo las fronteras exteriores para que solamente entrara en Europa la cantidad de migrantes que el mercado laboral demandase.

Aunque pueda haber una percepción contraria, la inmensa mayoría de personas migrantes y refugiadas se quedan en los países adyacentes a su lugar de origen, y es una minoría la que llega a Europa. De hecho, en el caso de España, el aeropuerto de Barajas sigue siendo la vía principal de entrada de inmigrantes, y no existe un “riesgo de invasión”.

Sin embargo, según datos de Amnistía Internacional, la Unión Europea invierte un presupuesto tres veces superior en blindar sus fronteras exteriores que en mejorar la situación de las personas refugiadas.

Frontex, la agencia europea para la vigilancia de fronteras, los estados guardianes de la frontera sur –Grecia, Italia y España fundamentalmente–, junto a los países limítrofes, como Marruecos –que se encargan de hacer el trabajo más sucio–, impiden la entrada a la Fortaleza Europea pasando por alto, muchas veces, el respeto por los derechos humanos.

Uno de los episodios más dramáticos e ilustrativos de las consecuencias que provocan estas políticas migratorias y de control de fronteras del Gobierno español –con la connivencia del marroquí– ha sido el de la tragedia del Tarajal, en Ceuta.

El 6 de de febrero de 2014 alrededor de 90 inmigrantes intentaron entrar a Ceuta cruzando a nado la zona fronteriza de la playa del Tarajal. Mientras se encontraban en el agua, agentes de la Guardia Civil intentaron evitar que alcanzaran tierra firme mediante el uso de material antidisturbios, como pelotas, salvas detonadoras y botes de humo.

Al menos 14 personas murieron ahogadas, una desapareció y 23 fueron devueltas a las autoridades marroquíes desde la misma playa.

Este drama, según denuncian diversas organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, CEAR o la Coordinadora de Barrios, no constituye un hecho aislado o una negligencia policial, sino que obedece, lamentablemente, a una estrategia planificada por las políticas de control migratorio de la Unión Europea y de sus estados miembros. Y se une a otros incidentes en los que, según afirman, se han producido expulsiones sumarias e ilegales en las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos, violando por lo tanto la normativa internacional de los derechos humanos y de la Unión Europea.

La Guardia Civil por su parte aduce que utilizó el material antidisturbios con “efecto disuasorio” y niega las devoluciones en caliente, que fueron grabadas por las cámaras de seguridad.

Ceuta y Melilla en España, Lampedusa en Italia y, en estos momentos, también Lesbos, Chios o Idomeni en Grecia, se han convertido en las puertas blindadas de la Europa Fortaleza, por las que intentan entrar todas aquellas personas que huyen de la pobreza o de las guerras y que no disponen de un visado o un billete de avión, para entrar por otras vías. La Unión Europea y sus dispositivos de fronteras, vulnerando toda normativa internacional que en su momento promovieran, las reprimen o las expulsan, transformando así estos pasos fronterizos en zonas libres de derechos humanos.