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Tortura y malos tratos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (de cuya aprobación se cumplen 70 años) prohíbe de manera expresa la tortura, las penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Una prohibición que recoge la Convención contra la tortura, de obligado cumplimiento, que España firmó en 1985.

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Sin embargo, en el Estado español la tortura ni se ha reconocido ni se ha investigado, según recoge el Informe final del Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960 y 2014, que la Secretaría de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco ha encargado al Instituto Vasco de Criminología. Es más, de dicho documento se concluye que cuando las personas torturadas se han atrevido a denunciar, las instituciones no han mostrado su compromiso de investigar y erradicar la tortura. Y cientos de denuncias han sido archivadas.

Organizaciones y asociaciones como Amnistía Internacional, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, organismos de Naciones Unidas o del Consejo de Europa han reclamado a España medidas para prevenir la tortura, aunque sin una respuesta efectiva por parte del Estado.

Las instituciones no han mostrado su compromiso de investigar y erradicar la tortura.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por su parte, ha condenado reiteradamente al Estado español por no investigar las denuncias de torturas y malos tratos (hasta en 9 ocasiones en las últimas décadas). Según los casos vistos por ese tribunal, las y los jueces de instrucción no escuchan directamente el relato de quien ha hecho la denuncia o se limitan a examinar los informes forenses sin realizar ninguna otra actividad probatoria.

Algunos de estos organismos internacionales no han podido evaluar la práctica de la tortura en España porque, tal y como han indicado, no se ha investigado de manera efectiva y según los estándares internacionales. Y que no se investigue implica que no haya justicia ni reparación para las víctimas y sí impunidad para quienes la ejercen.

Y que no se investigue implica que no haya justicia ni reparación para las víctimas y sí impunidad para quienes la ejercen.

A pesar de que las autoridades han negado sistemáticamente los malos tratos y torturas, los tribunales han acreditado que miembros de las fuerzas de seguridad del Estado han practicado torturas. Y, aunque pocas, ha habido condenas: de las 4.223 denuncias identificadas por el informe encargado por el Gobierno Vasco, solo 20 han obtenido una sentencia condenatoria. Asimismo, el 43% de quienes denunciaron torturas quedaron en libertad.

El Gobierno ha indultado al 60% de las personas condenadas por el Tribunal Supremo, incluso cuando han torturado de manera reiterada. De hecho, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha reprochado al gobierno español que conceda indultos a fuerzas de seguridad condenadas por torturas, lo cual contribuye, según este organismo, a una sensación de impunidad. El Comité contra la Tortura también ha condenado a España por estos indultos y por no ofrecer una reparación a las víctimas.

Película:La cifra negra