La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) recoge el derecho a la educación de todos los niños y todas las niñas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), por su parte, reafirma que todas las personas, con cualquier tipo de discapacidad, deben gozar de todos los derechos humanos.
En lo que se refiere a la educación, este instrumento internacional obliga a los Estados que lo han ratificado a poner los medios para que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria.
Asimismo, señala que hay que asegurarles la posibilidad de aprender habilidades para la vida y el desarrollo social. Es decir, que deben garantizar una educación inclusiva y equitativa.
Y a pesar de ello, en el mundo menos de la mitad de los niños y las niñas con discapacidad completan su educación primaria y 3 de cada 10 jamás han ido a la escuela (según datos del Banco Mundial y la Alianza Mundial para la Educación).
La educación es un elemento fundamental para facilitar la inclusión social adaptada, y los sistemas de enseñanza son herramientas poderosas para generar igualdad de oportunidades. La exclusión del sistema educativo, por su parte, puede significar la exclusión de la sociedad, vinculando discapacidad con segregación.