La labor humanitaria de los barcos de rescate de las ONG se ha criminalizado hasta tal punto que varias de sus responsables se enfrentan a sanciones millonarias o incluso a penas de cárcel. Los estados reclaman que se acate "la legalidad", y las ONG defienden que son vidas las que están en juego. Porque salvar vidas no debería ser delito.
Desde 2014, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, más de 20.000 personas han muerto en el Mediterráneo, muestra de una política migratoria insuficiente e insolidaria que no responde a las necesidades de miles de personas que cada año ponen en peligro sus vidas por no contar con unas rutas seguras para escapar de la violencia, de la persecución o de la pobreza.
En este sentido, varias ONG, entre ellas CEAR, han denunciado el nuevo plan migratorio de la Unión Europea, ya que en vez de centrarse en las necesidades humanitarias de las personas demandantes de asilo, se dirige a frenar su entrada en territorio europeo. Para impedir su llegada, Europa ha establecido hasta ahora acuerdos con países como Libia; un territorio hostil que vulnera los derechos de las personas migrantes y en el que sufren abusos, torturas y diferentes formas de violencia. Prueba de ello son las numerosas denuncias de violación del derecho internacional realizadas a los centros de detención.
Film:Aita Mari