La criminalización del aborto

El aborto se necesita y practica también en países en los que está totalmente prohibido, o solo se permite para salvar la vida de la mujer o preservar su salud.

Cinco países (El Salvador, Malta, Nicaragua, República Dominicana y el Vaticano) prohíben el aborto en todos los supuestos, incluso cuando la salud de la mujer corre un grave peligro. En estos países, las mujeres que se sometan a un aborto clandestino se pueden enfrentar a duras penas de prisión (hasta los 8 años de internamiento).

Amnistía Internacional calcula que todavía casi la mitad de las mujeres del mundo viven en países o estados en los que el aborto está prohibido o se permite solo en condiciones muy restringidas. Asimismo, subraya que "una legislación restrictiva sobre el aborto crea un entorno punitivo, en el que se violan por sistema los derechos humanos de mujeres y niñas".

En las últimas décadas muchos países han modificado su legislación para promulgar leyes más progresistas. A pesar de ello, los avances siguen siendo lentos; e incluso en algunos lugares, como Nicaragua o El Salvador, el retroceso es notorio.

En el caso de El Salvador, las mujeres que abortan durante las 20 primeras semanas pueden ser condenadas a penas de 2 a 8 años de cárcel. Además, a aquellas que sufren abortos espontáneos se les puede acusar de haberse realizado un aborto clandestino (homicidio agravado), lo que conlleva una pena de prisión de 30 años. El miedo de las y los profesionales de la salud a verse implicados, así como su obligación de informar, les lleva a denunciar a la policía cualquier conducta sospechosa. Ello crea una situación de inseguridad jurídica y de criminalización de las mujeres muy peligrosa.

Film:Nuestra libertad