Salud reproductiva y aborto

La decisión de abortar con el objetivo de poner fin a un embarazo no deseado la toman cada año 73,3 millones de mujeres. Uno de cada cuatro embarazos en el mundo es interrumpido voluntariamente.

Según la OMS, el 40% de las mujeres en edad reproductiva vive en países con leyes sobre el aborto muy restrictivas, en las que solo se autoriza si la embarazada corre grave riesgo, si ha sido violada o se ha producido incesto. Es el caso de Polonia, Chad y otros países africanos, sudamericanos y asiáticos. En Senegal, Egipto o El Salvador directamente lo tipifican como delito y encarcelan a las mujeres por infanticidio (el 20% de las presas de Senegal cumple condenas de hasta 10 años por este motivo).

Todos estos obstáculos y prohibiciones propician que el 33% de los abortos que se practican en el mundo (hasta el 77% en el África subsahariana) se realicen de manera clandestina y en condiciones de riesgo para la salud de las mujeres y niñas. Las que no tienen acceso a abortar, sufren otro tipo de violencia relacionada con la maternidad impuesta y, en muchos casos, estigmatizante.

En el Estado español se aprobó en 2010 la Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, una de las más amplias y progresistas del mundo, que reconoce la autonomía de la mujer a la hora de decidir sobre su cuerpo y su maternidad. Sin embargo, sigue siendo un derecho frágil. Desde hace varios meses, el Ministerio de igualdad prepara una reforma integral de la actual ley para incorporar aspectos como la educación sexual, la violencia obstétrica o la anticoncepción y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública.

Film:Lingui