Al régimen sirio, como a otros estados árabes, llegaron las revueltas populares de la Primavera Árabe. Las protestas, que en marzo de 2011 comenzaron reclamando el fin del régimen de Bashar al Asad, desembocaron en un conflicto civil que, según ONU, ha dejado más de 400.000 muertos y ha obligado a huir del país a la mitad de la población.
Desde el comienzo de estas protestas, la represión del Gobierno sirio ha sido implacable. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos estima que 88.000 civiles han muerto en las cárceles sirias tras sufrir torturas, y se suman a las 205.300 personas registradas como desaparecidas.
El veto de China y Rusia ha impedido crear un tribunal penal internacional que juzgue los crímenes cometidos en Siria. Sin embargo, los familiares de desaparecidos han conseguido que en algunos países se abran procesos contra responsables del régimen sirio. En Alemania, por ejemplo, hay tres procesos abiertos contra colaboradores del régimen sirio por delitos de lesa humanidad, en aplicación del principio de justicia universal, que permite a un país enjuiciar delitos perpetrados en otro país, independientemente de que la nacionalidad del autor del crimen o la de la víctima sea la del país demandante.
En el Estado español, este principio de jurisdicción universal recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial fue restringido en una reforma de 2014. Ahora se requiere que alguna de las víctimas o victimarios sea de nacionalidad española, lo cual ha provocado que se hayan podido archivar querellas como la presentada contra el régimen sirio por el equipo de abogados Guernica 37 o la causa contra el genocidio de los rohingyas.