Según datos del ACNUR, en el mundo se contabilizan 35,3 millones de personas refugiadas. Cada vez hay más personas obligadas a salir de su país en contra de su voluntad, en busca de un lugar seguro para vivir. En el Estado español, en 2023 el Ministerio de Interior recibió 163.218 solicitudes de protección internacional, un 37% más que el año anterior.
La solicitud de protección internacional en el país de llegada se suele realizar a través de una entrevista, en la que la persona solicitante de asilo explica los motivos de persecución. Para esta persona, resulta fundamental que quien realiza la traducción de lo que expresa lo recoja con exactitud. Se trata de una labor complicada, si tenemos en cuenta que la persona solicitante de asilo está desorientada, debe verbalizar situaciones a veces traumáticas y la intérprete es su único nexo de unión con el país de llegada.
Por ello, la persona intérprete en estas entrevistas acaba desempeñando cierto papel de mediación. Su labor mediadora ha de ser ejercida siguiendo los principios éticos básicos del trabajo de interpretación: calidad, fidelidad, humildad, profesionalidad, confidencialidad, imparcialidad, integridad y empatía. A este respecto, apuntamos que el artículo 15 de la Directiva europea sobre procedimientos de protección internacional da algunas pautas: que la persona intérprete sea del mismo género que la solicitante, que no lleve uniforme militar y que mantenga la entrevista en la lengua que prefiera la solicitante de asilo. En 2022, el Estado español recibió solicitantes de asilo de 126 nacionalidades diferentes, que requirieron interpretar o traducir hasta en 59 idiomas distintos.