El reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales ha sido a lo largo de la historia una carrera de obstáculos desigual y con importantes restricciones (no fue hasta el año 2018 cuando la OMS eliminó la transexualidad del capítulo sobre trastornos mentales y del comportamiento). Un reciente estudio de la organización Transgender Europe (TGEU) señala que el riesgo de regresión en los derechos de este colectivo sigue siendo una realidad preocupante en Eslovaquia, Rumanía, Letonia, Lituania, Chipre, Bielorrusia y Bulgaria. En el otro extremo, los países que han destacado por un avance en el desarrollo de los derechos de las personas trans son España, Moldavia, Andorra, Finlandia e Islandia.
Por cercanía, la aprobación de la Ley 4/2023 de igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (conocida como Ley Trans) sitúa al Estado español entre los 11 países europeos que cuentan con una forma de "autoidentificación", es decir, un modelo de reconocimiento legal de género basado en la autodeterminación. Por otro lado, el Parlamento Vasco acaba de modificar, en febrero de 2024, la Ley Trans vasca de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.
A pesar de estos avances normativos, nada menos que el 63% de las personas trans encuestadas en el Estado español manifiestan haberse sentido discriminadas en el último año. Ello se agrava en aquellas personas trans en quienes interseccionan la diversidad funcional o discapacidad, o la diversidad cultural por ser migradas o refugiadas.
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