Protestar no es un crimen
La creciente criminalización de la desobediencia civil pacífica
La desobediencia civil pacífica es una forma legítima de protesta, amparada por el derecho a la libertad de reunión y de expresión. Activistas en todo el mundo recurren a esta herramienta en un intento por llamar la atención de la ciudadanía sobre cuestiones de elevado interés social y problemáticas de derechos humanos.
En el Estado español, activistas por el derecho a la vivienda, activistas antimilitaristas o activistas por la defensa del clima han recurrido a las acciones directas no violentas para generar conciencia, expresar disconformidad social o política o impulsar cambios en la legislación. Sin embargo, estas acciones están enfrentando una creciente criminalización, a través de detenciones y acusaciones por delitos graves, como terrorismo u organización criminal.
La presentación de este tipo de cargos contra participantes en acciones de protestas pacíficas es una limitación indebida de la libertad de expresión y reunión y puede tener un efecto disuasorio, lo que supone una clara amenaza al derecho de protesta.
Participantes
Fotografía: © Rodri Mínguez