Zinea eta giza eskubideen iv. Topaketak.

DERECHO A UN TRABAJO DIGNO

La Declaración Universal de Derechos Humanos recoge en su artículo 23 que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.

Sin embargo, la situación laboral de millones de personas en todo el mundo dista mucho de ajustarse a lo apuntado en este artículo. La búsqueda de un trabajo que reúna esas “condiciones equitativas y satisfactorias” está en el origen de la mayor parte de los flujos migratorios del planeta. Se trata de un fenómeno imparable, a la vista de las dificultades en que se encuentra una gran cantidad de países empobrecidos, cuya población aspira a ganarse la vida con su esfuerzo allí donde hay más oportunidades de trabajo.

Muchas veces estas personas que consiguen llegar a los países ricos se ven obligadas a soportar unas condiciones laborales que están lejos de las que habían imaginado, pero que aceptan por necesidad y porque en comparación con su situación anterior suponen una mejora en sus ingresos. Pero ello no debe ocultar la precariedad, la insuficiente retribución y en numerosas ocasiones el claro abuso que padecen estas personas.

De todos modos, y salvando las distancias, el mercado de trabajo de los países ricos no está exento de problemas para nadie. En las últimas décadas la creciente flexibilidad y el abaratamiento de los costes laborales han venido acompañados de una clara precarización del empleo, que perjudica en especial a la juventud y a las mujeres, además de a las personas inmigrantes. Las mujeres siguen percibiendo en muchos sectores menos salario por idéntico trabajo, cuentan con una tasa de paro proporcionalmente mucho más alta y acceden con dificultad a puestos directivos y de responsabilidad.

La juventud está abocada en numerosas ocasiones a asumir periodos de prácticas con una bajísima remuneración (en ocasiones ninguna), contratos temporales que se suceden sin fin y sueldos que no alcanzan para una independencia económica suficiente, con lo que la realización de su proyecto de vida se ve comprometido.

En esta merma general de los derechos laborales merece una mención aparte la siniestralidad, que año a año se mantiene en cifras terriblemente altas. La temporalidad y la precariedad inciden muy negativamente en la cifra de siniestros laborales, pues se ahorran costes en formación preventiva y en seguridad. A ello se añaden los horarios y el ritmo de trabajo excesivos, unidos al miedo a reivindicar los derechos laborales por temor a un despido rápido y barato.

Los retos de la nueva economía no deben traducirse en una reforma del mercado laboral que socave los derechos que tanto tiempo ha costado lograr. Es necesario, por tanto, impulsar un gran pacto social que se plasme en una regulación que garantice unas condiciones de trabajo dignas para toda la ciudadanía.