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Corrupción política, impunidad y memoria histórica

La memoria no es para quedarse en el pasado, nos debe iluminar el presente para poder generar y construir el futuro. Es importante recordar que sobre la impunidad es imposible construir una democracia real y participativa. (Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz)

Según un informe elaborado en 2004 por la ONG Transparency International (TI), Perú era el tercer país con mayor corrupción política del mundo. Además, Alberto Fujimori era mencionado como uno de los diez ex jefes de gobierno más corruptos de los últimos 20 años. El ex presidente, que gobernó el país entre 1990-2000, está siendo juzgado en la actualidad por la Justicia peruana por violaciones de los derechos humanos cometidas durante su mandato.

El informe definía la "corrupción política" como "el abuso por parte de los líderes políticos del poder que se les ha confiado para su propio beneficio para obtener ganancias, con el objetivo de aumentar su poder o su riqueza". En un país de 28 millones de personas, donde la pobreza afecta a 9 millones, esto es todavía más grave.

En muchos países de Latinoamérica, el sistema democrático es un proceso reciente. Sin embargo, y a pesar de haber sido bien aceptado por la población, la herencia de corrupción dejada por pasadas dictaduras militares ha provocado que no se trate de una democracia real. El debilitamiento del sistema judicial y la falta de voluntad de colaborar con la justicia por parte de las autoridades, han contribuido a la generalización de la corrupción y la impunidad. En su libro Democracia eficiente o sociedad decadente, Pablo P. Antola revela que “en un país sudamericano, de todos los delitos cometidos, sólo el 2% de los infractores son castigados”.

La impunidad supone uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de los derechos humanos, ya que genera y propicia la falta de respeto hacia la dignidad humana. La corrupción de los organismos del Estado y en las instituciones políticas, así como la malversación del dinero público, hace que las sociedades se vean afectadas a todos los niveles: económico, social, político y familiar.

A la hora de construir un país democrático, la participación ciudadana tiene un papel fundamental. Sin embargo, la falta de castigo, de investigación y de justicia a la que en muchas ocasiones se enfrentan políticos y criminales ha generado, en ocasiones, un sentimiento de resignación y pasividad en gran parte de la población. No obstante, son cada vez más emergentes las asociaciones y movimientos ciudadanos que reclaman el esclarecimiento de la verdad, la recuperación de la memoria y la reparación de las víctimas. Porque no se puede construir el futuro olvidando el pasado.

En las últimas décadas son muchos los dirigentes que han salido impunes de los delitos cometidos durante sus mandatos. Aunque inicialmente las normas sobre derechos humanos sólo eran aplicables a los Estados, tras las dos guerras mundiales el principio de responsabilidad penal internacional individual cobró más importancia.

Por otro lado, los Estados pueden también hacer uso del principio de Jurisdicción o Justicia Universal para enjuiciar violaciones de derechos humanos cometidas fuera de su territorio. Es el caso del General Augusto Pinochet, que en 1973 lideró un golpe de Estado que acabó con el Gobierno de Salvador Allende. En 1998 un juez español dictó un auto de prisión provisional y una orden de captura internacional contra el ex mandatario, acusado de la muerte de ciudadanos españoles en Chile.

Por tanto, la impunidad tiene efectos devastadores en la sociedad, ya que debilita los principios del Estado de Derecho y supone un freno al desarrollo social y económico, siendo todavía uno de los problemas más graves a los que tienen que enfrentarse muchos países.

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