Denunciar la violencia machista: un derecho convertido en castigo

Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer que se daba a conocer por el Ministerio de Igualdad a finales del 2025, casi 1 de cada 3 mujeres en España (30,3%) mayores de 16 años ha sufrido algún tipo de violencia (agresiones físicas, violencia sexual, restricciones económicas o ataques psicológicos) por parte de su pareja actual o de exparejas en algún momento de su vida. Entre enero y diciembre del pasado año, el total de denuncias por delitos contra la libertad sexual creció un 2,3% hasta las 21.659, es decir, 59 denuncias por agresión sexual al día (con y sin penetración).

El ruido mediático y político que rodeó la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual (más conocida como “ley del solo sí es sí”) impidió un debate sereno sobre el consentimiento en las relaciones sexuales. Esta norma, que elimina la distinción entre abuso y agresión sexual, sitúa el consentimiento en el centro de las relaciones sexuales, indicando que debe ser libremente manifestado y claro en sus términos, de manera que permita a todas las personas tomar decisiones seguras y sin presiones en torno a su sexualidad.

Sin embargo, trasladar este principio a la práctica judicial y a la realidad de las denuncias resulta más complejo; el diablo está en los detalles. Un ejemplo son los obstáculos con que se enfrentan las denuncias interpuestas pasados varios años desde la agresión. También intervienen factores relativos a la propia víctima: la incomprensión del entorno familiar, la sensación de soledad y culpabilidad. Todo ello resulta en un dato elocuente: solo el 8% de las mujeres que ha sufrido violencia sexual fuera de la pareja han presentado una denuncia.