Migración y controles fronterizos policiales con armas de fuego

En la madrugada del 17 de mayo de 2018, en Bélgica, una camioneta utilizada por una red de tráfico de personas transportaba a una treintena de migrantes procedentes de Irak y Siria, cuando fue interceptada por la policía belga. Durante la persecución, un agente disparó contra el vehículo y una bala alcanzó a una niña kurda de dos años que viajaba dentro con su familia, causándole la muerte. Se llamaba Mawda Shawri. En 2021, un tribunal declaró culpable al policía por homicidio involuntario. El caso generó una gran polémica sobre el uso de armas por parte de la policía en operaciones de control migratorio.

En otros lugares de Europa también se han documentado incidentes mortales vinculados a operaciones de control migratorio. En Bulgaria, por ejemplo, un guardia fronterizo mató en 2015 a un migrante afgano durante una persecución cerca de la frontera con Turquía. En la frontera del río Evro, entre Grecia y Turquía, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado en los últimos años disparos y uso de fuerza contra personas que intentaban cruzar la frontera. Más recientemente, en 2025, una persecución policial a una furgoneta que transportaba personas de forma clandestina terminó en un accidente que causó la muerte de seis migrantes.

En el Estado español, uno de los episodios más conocidos fue la tragedia del Tarajal, en Ceuta, en febrero de 2014, cuando al menos 15 personas murieron intentando llegar a la costa, mientras agentes de la Guardia Civil utilizaban material antidisturbios para impedir el cruce. El caso abrió un intenso debate, que sigue vivo, sobre el uso de la fuerza en el control de las fronteras europeas.