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El conflicto saharaui
Cuando tras casi un siglo de colonización España preparaba el referéndum de autodeterminación en el Sahara Occidental (1975), el rey Hassan II, consciente de que su celebración acarrearía la independencia del territorio, procedió a ocuparlo mediante la “Marcha Verde”, violando el Derecho internacional y provocando el éxodo de la población saharaui bajo el bombardeo de la aviación marroquí hacia lo que debía ser un refugio provisional, los campamentos de Tinduf (Argelia).
La agonía de Franco y la incertidumbre sobre su futuro inmediato llevaron al Gobierno español a desentenderse de sus obligaciones internacionales (que le exigían poner la administración del territorio en manos de los saharauis o de la ONU) y a entregárselo a Marruecos y Mauritania (acuerdos tripartitos de Madrid), pese a que, tal y como días antes había establecido claramente la Corte Internacional de Justicia, estos Estados no tenían título de soberanía alguno sobre el territorio, por lo que el conflicto debía resolverse mediante un referéndum de autodeterminación en el que participasen los saharauis y sólo ellos.
La firma de estos acuerdos obligó al Frente POLISARIO, reconocido por la ONU como único y legítimo representante del pueblo saharaui, a llevar a cabo una guerra de liberación nacional en la que consiguió que Mauritania se retirara del conflicto (1979) y reconociera a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), y que Marruecos se viera obligado a negociar un plan de paz, dada la sangría que suponía para su economía el mantenimiento del conflicto bélico.
El 6 de septiembre de 1991 entró en vigor el alto el fuego, punto de partida de la aplicación del Plan de Arreglo que había sido negociado por Marruecos y el Frente POLISARIO (1988), y que debía concluir con la celebración de un referéndum de autodeterminación en un plazo de seis meses. El Plan establecía que en la consulta a la población se plantearían únicamente dos opciones: la independencia del territorio y su integración en Marruecos, y delimitaba con precisión el censo de las personas que podrían participar en el referéndum.
Sin embargo, la victoria en la primer vuelta de las elecciones argelinas de un partido integrista (FIS) y la guerra civil a que dio lugar (1992) llevaron al Gobierno marroquí a reconsiderar su posición sobre el referéndum, con la esperanza de que el conflicto interno obligara a Argelia a retirar su apoyo al pueblo saharaui, lo que afortunadamente nunca ocurrió.
Desde entonces el Gobierno marroquí utilizó el plan de paz no para conseguir su objetivo teórico, la celebración del referéndum, sino para posponer su celebración indefinidamente. Así, pese a la infinidad de obstáculos con los que con tal fin Marruecos minó el proceso de identificación de votantes, auténtico nudo gordiano del proceso de paz, las Naciones Unidas consiguieron confeccionar con rigor el censo definitivo para el referéndum, momento en el cual Marruecos decidió abandonar el plan de paz (2000), acusando de parcialidad a la ONU, y dejando de esta manera en evidencia sus verdaderas intenciones.
Abandonado el plan de paz, Kofi Annan encomendó a James Baker la búsqueda de una solución “aceptable para ambas partes”, al margen del Derecho internacional. El “Plan Baker” (2003), que preveía que, tras cinco años de autonomía limitada gobernada por los saharauis, se celebrara un referéndum de autodeterminación en el que se decidiera el futuro del territorio, en el que participarían los saharauis que figuran en el censo de la ONU… y los colonos marroquíes, que ya entonces triplicaban a los saharauis, fue aprobado por el Frente POLISARIO, pero rechazado por Marruecos. La razón de este sorprendente rechazo la explicó el Representante Especial del Secretario General de la ONU: el Gobierno marroquí no se fía del voto de sus propios ciudadanos (los colonos).
El Consejo de Seguridad tiene capacidad para imponer una solución concreta, y el Plan de Arreglo, además de haber sido negociado libremente por las partes, contaba con su visto bueno, pero el veto de Francia, incondicional aliado de Marruecos, impide hoy por hoy esta solución, por lo que el proceso de paz se encuentra en un callejón sin salida.
Tras treinta y cinco años de proceso de paz, la RASD ha sido reconocida por más de ochenta Estados y es miembro de pleno derecho de la Unión Africana. Las Naciones Unidas han afirmado abiertamente que el conflicto debe resolverse mediante el ejercicio por el pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación. Pese a ello, mirando a otro lado, la Unión Europea, que pretende dar lecciones de democracia al mundo, negocia ilegalmente con Marruecos la explotación de los recursos naturales del territorio (pesca, fosfatos…).
Mientras tanto, el pueblo saharaui sigue fraccionado en dos partes, entre quienes sufren la brutal ocupación y represión militar marroquí de su tierra, y quienes desde entonces sobreviven gracias a la ayuda humanitaria en los campamentos de refugiados argelinos.
La película El problema pretende quitar el polvo con el que el paso del tiempo y opiniones interesadas cubren el verdadero origen del conflicto y dar al espectador sus principales claves para que opine por sí mismo.
Juan Soroeta
Profesor de Derecho Internacional Público
UPV/EHU