La legislación francesa actual es muy severa con la situación de los miles de inmigrantes que se hacinan en campamentos como el del puerto de Calais, a la espera de llegar a su destino: Gran Bretaña.
Sin embargo la persecución legal no se limita al colectivo de inmigrantes indocumentados/as, sino que, en ocasiones, puede extenderse a personas o asociaciones humanitarias que les prestan ayuda y cobijo, las cuales cometerían lo que popularmente se ha denominado como "delito de solidaridad". Así, las penas y sanciones previstas en el país galo por facilitar la entrada, circulación o residencia irregular de un extranjero en Francia pueden alcanzar hasta los cinco años de cárcel y 30.000 euros de multa.
Por su parte, las autoridades francesas niegan que penalicen la solidaridad. Argumentan que con estas medidas pretenden únicamente poner freno a las redes de tráfico internacional de inmigrantes clandestinos/as.