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Kurdos: pueblo sin estado

Los pueblos o naciones sin estado son comunidades humanas que, aun reuniendo las características culturales, históricas o identitarias asociadas habitualmente a un pueblo, no disponen de un estado propio.

El derecho a la libre determinación de los pueblos ha sido recogido en diferentes instrumentos internacionales, como la Carta de Naciones Unidas (1945), además de en diversos tratados y en resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Expresamente, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, como en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), se establece que "todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación, en virtud de este derecho establecen su condición política, y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural". También establecen que "los estados Parte promoverán el ejercicio a la libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas".

Se trata pues del derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo al principio de igualdad. No obstante, la realidad nos demuestra que el ejercicio de este derecho se niega en repetidas ocasiones.

Un ejemplo de la imposibilidad de acogerse al derecho a la autodeterminación la padece el pueblo kurdo. Actualmente se le considera el mayor pueblo sin estado, ya que se calcula que lo integran más de 25 millones de personas.

Si hacemos un repaso por la historia, el pueblo kurdo, que poblaba el antiguo Kurdistán, es uno de los más antiguos de la Tierra. Desde finales del XIX ha luchado por mantener su idiosincrasia cultural y política y por lograr su autodeterminación. Tras la Primera Guerra Mundial, el pueblo kurdo logró el reconocimiento de un estado kurdo independiente en el norte del Kurdistán mediante el Tratado de Sèvres. Este acuerdo internacional nunca se ratificó. En 1923 se aprobó el Tratado de Lausana, por el se repartió el territorio kurdo entre Turquía, Iraq, Irán y Siria, países bajo cuya jurisdicción vive diseminada la mayoría de la población kurda.

El caso del pueblo kurdo es quizás uno de los más conocidos a nivel internacional. Sin embargo, en los cinco continentes conviven comunidades, de mayor o menor magnitud, que reclaman sus derechos como pueblo. Es el caso del Sáhara Occidental, Cachemira, Palestina o Tíbet, por citar algunos ejemplos, a los que se les niega la posibilidad de disfrutar de cierto grado de autogobierno, disponer de un territorio propio y de ejercer en él su derecho a la libre determinacion. La reivindicación de este derecho, en la mayoría de los casos, se ha intentado acallar con violencia, lo que ha ocasionado numerosas detenciones y muertes.

Esta persecución y rechazo no se refleja únicamente en la política del Gobierno del país en el que residen los pueblos sin sstado, sino también en las actitudes de los habitantes de los estados "oficiales", que perciben como una amenaza la convivencia junto a un colectivo que consideran foráneo. Ya sea por su lengua, sus costumbres, su religión, su cultura o incluso hasta por sus rasgos físicos, las personas de los pueblos sin estado se ven obligadas a soportar una discriminación económica y social que acarrea consecuencias negativas en su vida cotidiana: marginación, dificultades para encontrar empleo o para conservarlo, conculcación generalizada de sus derechos, etc.

Ante esta situación, miles de seres humanos que pertenecen a esas minorías más vulnerables se ven abocados a solicitar el estatus de refugiados/as políticos/as en otros países. Muchos estados se niegan a ofrecerles asilo por temor a suscitar represalias políticas y económicas de otras naciones que no reconocen los derechos que asisten a estas personas como pueblo.